Guanajuato, Gto. – El grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano presentó un punto de acuerdo para exhortar a la persona titular de la Secretaría Federal del Trabajo y Previsión Social y al titular del Centro federal de Conciliación y Registro Laboral, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, investiguen los hechos denunciados por extrabajadores de la empresa YKM en Salamanca, Guanajuato, relativos al presunto boletinaje y obstaculización de acceso al empleo derivado de su participación en acciones colectivas relacionadas con la exigencia del reparto de utilidades, y en su caso adopten las medidas legales conducentes para garantizar el respeto a los derechos laborales.
De igual manera, se pide a la persona titular de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno del estado de Guanajuato, para que implemente mecanismos de orientación, acompañamiento y recepción de denuncias de las personas trabajadoras que manifiesten haber sido objeto de represalias o prácticas de discriminación laboral derivadas del ejercicio de sus derechos de asociación, manifestación y defensa colectiva de intereses laborales, y en su caso realice las canalizaciones correspondientes ante las autoridades competentes.
Al dar lectura a las consideraciones de la propuesta, el diputado Rodrigo González Zaragoza indicó que la libre protesta laboral es un derecho fundamental que permite a las personas trabajadoras expresar de manera pacífica sus inconformidades, demandas y propuestas relacionadas con sus condiciones de trabajo, y que ese derecho forma parte de la libertad de expresión, la libertad de asociación y la defensa de los derechos laborales.
Refirió que, en mayo de 2026, un conflicto laboral en la empresa YKM, ubicada en Salamanca, Guanajuato, puso en evidencia las tensiones que pueden surgir entre trabajadores, empresas y organizaciones sindicales en torno al reparto de utilidades.
Agregó que lo que comenzó como una protesta de empleados que exigían transparencia y el reconocimiento de un derecho laboral establecido por la ley mexicana derivó en la salida de más de 250 trabajadores y en denuncias de presuntas represalias que habrían afectado sus posibilidades de encontrar un nuevo empleo.
El congresista apuntó que el caso de YKM no solo refleja una disputa relacionada con prestaciones económicas, sino que también plantea interrogantes sobre las condiciones laborales, la transparencia empresarial y las consecuencias que pueden enfrentar los trabajadores cuando ejercen su derecho a la protesta.
Finalmente, comentó que ese acontecimiento se ha convertido en un ejemplo relevante para analizar los desafíos actuales en materia de relaciones laborales y justicia social en México.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.