Guanajuato, Gto. – El Congreso del Estado de Guanajuato realizó dos reuniones con personas con discapacidad, para dar continuidad con la tercera y cuarta mesa de trabajo del proceso de consulta a grupos vulnerables con la finalidad de que usuarios, organizaciones representativas, redes de apoyo y personas cuidadoras puedan expresar sus opiniones respecto a diversas iniciativas que inciden en temas como accesibilidad, identidad jurídica, salud mental, protección frente a violencias, unidad familiar, mujeres jefas de familia y derechos de niñas, niños y adolescentes.
Tercera mesa de trabajo
La primera reunión discutió dos iniciativas de reforma al Código Penal estatal; primera, para incorporar la cohabitación forzada de personas menores de 18 años o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo; y segunda, con la finalidad de fortalecer el tipo penal de abuso sexual.
Así como de la propuesta que busca modificar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, a fin de incorporar la responsabilidad explícita de las autoridades estatales y municipales para establecer medidas y acciones integrales con el propósito de prevenir y erradicar las uniones forzadas y tempranas.
Al hacer uso de la voz, el diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor indicó que todas las aportaciones y opiniones serán tomadas en cuenta para la construcción de normativas que se crean o modifican en el Congreso del Estado, además de mencionar la mecánica de participación y que la consulta se llevará a cabo bajo los principios de accesibilidad, igualdad, no discriminación, respeto, escucha activa y participación efectiva.
En su intervención, el legislador David Martínez Mendizábal subrayó que la escucha de las vivencias directas de quienes enfrentan barreras cotidianas es el eje fundamental para combatir la discriminación y promover una inclusión efectiva y que este encuentro es un espacio de aprendizaje y retroalimentación, enfatizando que el diseño de los ordenamientos legales debe poner en el centro la eliminación de obstáculos físicos, sociales e institucionales para todas las personas.
Por su parte, el congresista Luis Ricardo Ferro Baeza comentó que desde la labor legislativa siempre se acompañará a todas las personas que tienen una discapacidad, donde uno de los problemas más grandes de la sociedad es que no tienen la información necesaria para comprender que las distintas discapacidades son muy diferentes.
Los asistentes señalaron que los tecnicismos en las leyes por su complejidad llegan a ser una barrera para algunas personas con discapacidad por la falta de entendimiento; que debería de existir una concientización para los policías para que tengan un trato digno con las personas con discapacidad; que las personas con discapacidad requieren una aplicación de la ley diferenciada que sirva para eliminar los obstáculos para acceder a mecanismos de seguridad; que existe terminología inapropiada en algunas de las iniciativas por lo que debería de hacerse un ajuste de términos; y que no se contempla en los abusos casos de esta índole para hombres.
Agregaron que existe rechazo a personas que visiblemente no aparentan tener una discapacidad y que existe una insensibilidad por parte de asesores de AFORES al emitir comentarios negativos y una falta de atención digna para lograr acceder a ciertos apoyos; se propuso la creación de una procuraduría enfocada en la protección de los derechos de las personas con discapacidad; que se dé seguimiento verdadero a las aportaciones que se han vertido en la mesa de trabajo y que no sea una mera simulación; que existe la dificultad de emitir denuncias por parte de las personas con discapacidad por la falta de información sobre los procesos y autoridades competentes; y que las personas intérpretes que se encuentren en las Fiscalías tengan los conocimientos para comprender situaciones técnicas y jurídicas.
Cuarta mesa de trabajo
Las otras iniciativas puestas a discusión son las iniciativas de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, para elevar a rango constitucional local el Derecho a la Protección de la Unidad Familiar de las Personas Migrantes; y para modificar la Ley para Mujeres Jefas de Familia del Estado de Guanajuato, con el objeto de establecer y regular las políticas públicas y acciones del Estado tendientes a brindar una atención para mejorar la condición de vida de las mujeres jefas de familia, la de sus hijas, hijos y personas dependientes.
Al hacer uso de la voz, la diputada Susana Bermúdez Cano precisó que los temas principales que se van a abordar en esta reunión son la protección de la unidad familiar, mujeres jefas de familia, personas migrantes, redes de cuidado y familias que tienen integrantes con discapacidad, con el objetivo de escuchar qué apoyos requieren las familias que se conforman con personas con discapacidad, los retos a los que se enfrentan las mujeres jefas de familia y lo que ocurre en contextos de migración.
En su intervención, la legisladora Plásida Calzada Velázquez aseguró que todas las participaciones han sido registradas para ser integradas formalmente en el dictamen correspondiente, además de que reconoció que, si bien existen avances significativos, persisten numerosos desafíos sobre los cuales se trabaja diariamente. El congresista Juan Carlos Romero Hicks puntualizó que, aunque generar conciencia y fortalecer el andamiaje legal es un paso valioso, no resulta suficiente por sí mismo, ya que la problemática central trata de una causa permanente y no de un solo día o de una ley aislada.
Asimismo, reconoció a quienes brindaron su testimonio, pues estos no solo permiten realizar una denuncia necesaria, sino que ayudan directamente a la construcción de propuestas legislativas sólidas.
Por su parte, la diputada Yesenia Rojas Cervantes señaló que la iniciativa en discusión parte del reconocimiento de la relevancia social del fenómeno migratorio y de la urgente necesidad de robustecer la protección de los derechos humanos tanto de los migrantes como de sus familias, aunado a que la unidad familiar constituye un pilar fundamental para garantizar el bienestar emocional, social y económico de todas aquellas personas que se encuentran en situación de movilidad.
La legisladora Ana María Esquivel Arrona destacó que el contar con una consulta accesible e incluyente enriquece la labor parlamentaria, permitiendo diseñar acciones con un enfoque integral y transversal que fortalezca la política de apoyo prioritario a favor de las mujeres jefas de familia, bajo una perspectiva estrictamente interseccional.
Las personas consultadas externaron que se debe poner atención a la salud mental de las personas cuidadoras, debido a que en muchas ocasiones no se tiene la información de con quién o a dónde acudir para tratar esos temas; que se tuvieran brigadas de visita a personas discapacitadas así como se hace con adultos de la tercera edad; que sería de gran ayuda el contar con descuentos en farmacias para insumos como pañales y medicamentos; que diversas mujeres con discapacidad mental no saben lo que está pasando a su alrededor y en varias ocasiones son víctimas de violencia principalmente sexual; y que de parte de las instituciones gubernamentales se contara con un apoyo económico a personas con discapacidad.
Añadieron que hace falta difusión de información sobre los derechos de las personas con discapacidad y sobre la forma correcta en que los padres o familiares pueden afrontar situaciones adversas derivadas de las barreras que existen para dicho sector; sugirieron cambios en la redacción de las normas con relación a las mujeres jefas de familia para que se incluya en los derechos a las mujeres con discapacidad; que dentro de las facultades de los Poderes públicos del Estado, instituciones estatales y municipales, ayuntamientos y organismos autónomos se basen en la perspectiva de discapacidad y que de ser necesario se hagan ajustes razonables para llevar a cabo su cumplimiento; y que las personas con discapacidad siguen teniendo obstáculos en el ámbito laboral, donde la falta de empatía e información crean situaciones adversas contra este grupo de población.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Plásida Calzada Velázquez, Susana Bermúdez Cano, Yesenia Rojas Cervantes y Ana María Esquivel Arrona; así como los diputados Carlos Abraham Ramos Sotomayor, David Martínez Mendizábal, Luis Ricardo Ferro Baeza y Juan Carlos Romero Hicks.
Además, asistieron representantes de asociaciones y personas con discapacidad, personal de la Secretaría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, DIF estatal, integrantes de ayuntamientos de la entidad y personal de las diferentes áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.