Guanajuato, Gto. – Convocada por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para el Estado de Guanajuato, con el objetivo de fortalecer el marco jurídico de protección a las personas adultas mayores en situación de dependencia y reconocer el valor del trabajo de cuidados no remunerado.
La propuesta plantea, entre otras cosas, crear y administrar el Registro Estatal de Personas Cuidadoras, para facilitar la identificación y focalización de personas beneficiarias de los programas de apoyo y del Sistema Estatal de Relevo y Apoyo al Cuidado Familiar.
El diputado David Martínez Mendizábal manifestó que la propuesta está muy por debajo de las necesidades de las personas, que se debería crear un Instituto para las Personas Adultas Mayores, pero que, al rechazarse esa iniciativa en la legislatura pasada, se planteó esta nueva propuesta.
Abundó en que la propuesta se centra en el apoyo a las personas cuidadoras que, en su mayoría, son mujeres, y en otorgar un recurso económico para quienes realizan esas funciones, ya que su cuidado implica jornadas externas, la postergación de proyectos personales y la reducción de su autonomía económica.
De manera general se comentó que, si bien la propuesta legislativa parte de una finalidad legítima y socialmente relevante al reconocer y buscar fortalecer las labores de cuidado dirigidas a las personas adultas mayores, el diseño operativo planteado presenta deficiencias de viabilidad jurídica, operativa y financiera.
Se comentó que la propuesta genera obligaciones permanentes sin prever mecanismos claros y sostenibles de financiamiento, asigna atribuciones que exceden las competencias y capacidades orgánicas de las dependencias involucradas, y carece de una adecuada estimación de impacto presupuestario y administrativo.
En ese sentido, se argumentó que, aun reconociendo la importancia de avanzar hacia un sistema integral de cuidados, la propuesta, en los términos planteados, no reúne las condiciones técnicas que garanticen su implementación efectiva, por lo que resulta necesario replantear su diseño normativo a fin de dotarlo de certeza jurídica, sostenibilidad financiera y congruencia institucional.
La legisladora Ana María Esquivel Arrona comentó que ha habido claridad en varios puntos, que es una iniciativa importante que debe tener claridad en diversos aspectos y se tiene que esperar a que el Senado de la República apruebe la ley general y considerarla.
Finalmente, el legislador David Martínez Mendizábal señaló que había cuatro aspectos en los que no estaban de acuerdo. En ese sentido, refirió que no hay contradicción en la sistemática jurídica, porque cree en el trabajo transversal; que la responsable de calcular cuánto cuestan las iniciativas es la Unidad de Estudio de las Finanzas Públicas, que calculó 81 millones de pesos, que, si bien ahorita no se cuenta con ellos, se pueden presupuestar para el siguiente año; y que el gobierno debe tener una respuesta al Sistema de Cuidados.
En la reunión estuvieron presentes las personas diputadas Ana María Esquivel Arrona y David Martínez Mendizábal; así como representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos, de la Secretaría del Nuevo Comienzo, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, de la Consejería Jurídica, del Instituto de Investigaciones Legislativas y de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas.