Guanajuato, Gto. – En sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables se aprobó el dictamen de dos iniciativas de reforma a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato.
Con estas propuestas de reforma se incluye como derecho de las personas con discapacidad que, en el caso de las personas con discapacidad permanente menores de sesenta y cinco años, el Estado garantizará la entrega de una pensión no contributiva.
Además, se agrega que la persona titular del Ejecutivo del Estado y los municipios para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad, deberán promover acciones afirmativas positivas consistentes en apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural.
Finalmente, en los artículos transitorios se establece que las autoridades correspondientes destinarán anualmente y conforme al principio de progresividad los recursos suficientes y oportunos.
Previa a la aprobación del dictamen, se llevó a cabo la discusión de este. Se vertieron comentarios en diversos sentidos como que el dictamen era ambiguo porque no se establece la manera en que se establecerá la pensión ni quién lo hará; que las propuestas eran oportunas por que se establece un transitorio para ir otorgando el recurso; que no se considera a las personas con discapacidad temporal; que se fortalece que las autoridades promoverán acciones afirmativas positivas consistentes en apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad; que se fijó como limitante la edad de 65 años, entre otros aspectos.
La congresista Ana María Esquivel Arrona comentó que el dictamen era fruto de un análisis exhaustivo y complementa la reforma constitucional local en la materia, y que representaba un compromiso histórico al garantizar el derecho a una pensión no contributiva para las personas con discapacidad permanente menores de 65 años.
Agregó que este no era el final, sino un punto de partida porque aún faltaba fortalecer áreas clave como la capacitación, el fomento al empleo y al autoempleo, así como la capacidad institucional para garantizar el acceso a derechos sociales como la salud, la educación y el trabajo digno.
Finalmente, precisó que lo importante es marcar la ruta hacia un nuevo paradigma donde prevalezca la progresividad de los derechos humanos, y se pronunció porque este sea el inicio para hacer realidad los derechos de las personas con discapacidad.
Por su parte, el legislador Jesús Hernández Hernández argumentó que una pensión no contributiva es una herramienta esencial para facilitar el ejercicio de otros derechos, pero aún falta mucho por hacer para construir condiciones que permitan una vida plena, por lo que este era el punto de partida.
Adelantó que impulsará una iniciativa en materia de turismo inclusivo, con el propósito de garantizar que nadie quede fuera de una experiencia por su condición física, edad o género; así como otra propuesta que permita la expedición de actas del registro civil en sistema braille, para proteger el derecho a la identidad de las personas con discapacidad visual.
En su oportunidad, el diputado José Salvador Tovar Vargas indicó que los derechos humanos trazan el camino del respeto y la autorrealización, además de que permiten que cada persona despliegue plenamente su potencial, sin barreras físicas, sociales o culturales.
Añadió que una política pública verdaderamente inclusiva no se limita a aliviar carencias; impulsa capacidades, amplía libertades y rompe con los paradigmas de la dependencia.
“Este dictamen no debe entenderse como un todo, sino como un paso hacia la consolidación de un Estado que coloca a las personas con discapacidad en el centro de sus decisiones”, enfatizó. Finalmente, subrayó que se está dando un paso más hacia un futuro donde cada persona viva con autonomía, respeto y libertad.
En el apartado de asuntos generales, el congresista David Martínez Mendizábal compartió lo expuesto con sus homólogos al considerar que era un avance en materia de justicia social. Asimismo, dijo que cada vez deben avanzar más las pensiones no contributivas porque gran parte de la población está en el sector laboral informal, y finalizó al señalar que se han manifestado conceptos distintos de universalidad, pero que era un aspecto importante a considerar en las próximas discusiones.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Plásida Calzada Velázquez (presidenta), Ana María Esquivel Arrona y Miriam Reyes Carmona; así como los diputados Jesús Hernández Hernández y José Salvador Tovar Vargas. Además, los acompañó el legislador David Martínez Mendizábal. También participaron el ciudadano Christian Mendoza, personal del DIF Tarimoro y DIF León, y funcionarios de la Consejería Jurídica, de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Procuraduría de los Derechos Humanos, del Instituto de Investigaciones Legislativas y de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas.